En un mundo donde cada vez hay más discusiones sobre temas como etiquetado, publicidad, mercadeo, y cómo pueden las personas defender sus derechos antes, durante y después de las compras, en Colombia se está trabajando La Reforma al Estatuto del Consumidor, impulsada a través del Proyecto de Ley 173 de 2024. Este proyecto busca actualizar la Ley 1480 de 2011, e introducir nuevas disposiciones para adaptarse a las realidades del comercio electrónico, las fintech, las transacciones digitales el comercio físico y el control de las autoridades locales.

¿Cuál es el objetivo de la reforma?

El proyecto, denominado “Compra Informado, Compra Protegido”, fue presentado por el senador Efraín José Cepeda Sarabia, y busca introducir medidas clave para fortalecer la supervisión de los derechos del consumidor, con el objetivo de garantizar una aplicación más equitativa de la normativa en todo el territorio nacional. Parte de sus objetivos es empoderar a las autoridades locales y asegurar que los consumidores, sin importar su ubicación geográfica, cuenten con las mismas garantías y herramientas de protección frente a posibles abusos en el mercado.

Estos son algunos de los puntos que busca asegurar la reforma:

1. Información clara y veraz: Uno de los pilares de la reforma es garantizar que los consumidores reciban información íntegra, clara y veraz sobre los productos y servicios que adquieren. Esto aplica tanto para el comercio tradicional como para el digital. En el caso de productos electrónicos y electrodomésticos, se introduce el índice de reparabilidad, que evalúa la facilidad con la que un producto puede ser reparado, promoviendo así la sostenibilidad y reduciendo el desperdicio.

2. Fortalecimiento de los mecanismos de control: La reforma delega mayores competencias a las autoridades locales, como alcaldías y municipios, y refuerza el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la supervisión y sanción de prácticas comerciales indebidas. Además, se establece que los municipios podrán retener un porcentaje de las multas impuestas a infractores, siempre que estas no superen los 300 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). Esto incentiva un mayor control local sobre las prácticas comerciales.

3. Regulación de operaciones de crédito: Las entidades financieras y las Fintech deberán proporcionar información detallada sobre tasas, costos y cargas financieras. Esto busca evitar que los consumidores se vean sorprendidos por cargos ocultos o condiciones poco claras en los contratos de crédito.

4. Derecho de retracto: La reforma reduce el plazo para que los proveedores devuelvan el dinero en caso de retracto de 30 a 15 días calendario. Además, se establece que el consumidor podrá elegir el medio por el cual recibirá el reembolso, lo que representa un desafío técnico para las plataformas de comercio electrónico, que deberán adaptar sus sistemas para cumplir con esta disposición.

5. Protección en el comercio electrónico: Las plataformas de e-commerce deberán garantizar que la información sobre productos y servicios sea completa y accesible. También se refuerzan las medidas contra la publicidad engañosa y las ventas atadas, prácticas que limitan la libertad de elección del consumidor.

Impacto en los sectores clave

La reforma tendrá un impacto significativo en diversos sectores de la economía colombiana:

- Fintech: Las empresas de tecnología financiera deberán adaptar sus sistemas para cumplir con las nuevas obligaciones de transparencia en la información sobre tasas y costos. Además, estarán sujetas a una mayor supervisión por parte de la SIC, lo que podría implicar inversiones en sistemas de atención al cliente y cumplimiento normativo. Esto, aunque representa un desafío, también es una oportunidad para generar mayor confianza entre los usuarios.

- Comercio electrónico: Las plataformas de e-commerce deberán mejorar sus procesos de información y publicidad, garantizando que los consumidores tengan acceso a datos claros y completos sobre los productos ofrecidos. Esto incluye la implementación de herramientas como el “botón de arrepentimiento”, que facilita el retracto en las compras online. Además, deberán informar sobre el índice de reparabilidad de los productos electrónicos, lo que promueve un consumo más responsable.

- Comercio tradicional: Los comercios físicos también se verán afectados, ya que deberán asegurar que la información en puntos de venta (etiquetado, precios, condiciones de financiación) cumpla con los estándares de claridad y veracidad establecidos. Además, se refuerza la prohibición de prácticas abusivas, como las ventas atadas, que obligan al consumidor a adquirir productos o servicios adicionales no deseados.

Implicaciones para los marketeros y publicistas

La reforma al Estatuto del Consumidor también tiene implicaciones significativas para los profesionales del marketing y la publicidad. En un entorno donde la transparencia y la claridad son fundamentales, los marketeros y publicistas deberán adaptar sus estrategias para cumplir con las nuevas normativas y evitar sanciones. Algunos de los aspectos clave que deben considerar son:

1. Publicidad engañosa: La reforma refuerza las medidas contra la publicidad engañosa, lo que significa que los anuncios deben ser claros, precisos y no inducir a error al consumidor. Los publicistas deberán asegurarse de que las afirmaciones sobre productos y servicios sean verificables y no exageren sus beneficios o características.

2. Transparencia en la información: Los marketeros deberán garantizar que toda la información proporcionada en campañas publicitarias, tanto en medios tradicionales como digitales, sea completa y accesible. Esto incluye detalles sobre precios, condiciones de financiación y cualquier cargo adicional que pueda aplicarse.

3.Ventas atadas: La reforma prohíbe las ventas atadas, una práctica común en la que se obliga al consumidor a adquirir un producto o servicio adicional para poder acceder al que desea. Los publicistas deberán evitar promover este tipo de prácticas en sus campañas.

4. Adaptación al comercio electrónico: Con el crecimiento del comercio electrónico, los marketeros deberán asegurarse de que las plataformas digitales cumplan con las nuevas disposiciones, como la implementación del “botón de arrepentimiento” y la provisión de información clara sobre los productos. Esto puede implicar la creación de contenido más detallado y la revisión de los procesos de venta online.

5. Educación del consumidor: La reforma también promueve la educación al consumidor, lo que representa una oportunidad para los marketeros de desarrollar campañas informativas que ayuden a los consumidores a entender sus derechos y cómo ejercerlos. Esto no solo cumple con las normativas, sino que también puede mejorar la relación entre las marcas y sus clientes.

Aunque la reforma representa un avance significativo en la protección al consumidor, también plantea desafíos para los proveedores y las plataformas digitales. La reducción del plazo para devolver el dinero en caso de retracto, por ejemplo, exigirá una mayor eficiencia en los procesos logísticos y financieros. Asimismo, la posibilidad de que los consumidores elijan el medio de reembolso podría complejizar las operaciones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, ofrece oportunidades para fortalecer la confianza de los consumidores en el mercado colombiano y le da mayor control sobre el comercio indebido a las autoridades locales en todo el país.

Al garantizar mayor transparencia y equidad en las transacciones comerciales, se promueve un entorno más seguro y competitivo, lo que beneficia tanto a los consumidores como a los proveedores. Además, la implementación del índice de reparabilidad podría impulsar la economía circular, reduciendo el desperdicio y fomentando la sostenibilidad.

Adicionalmente la reforma establece deberes específicos para los consumidores, promoviendo una mayor responsabilidad en su papel dentro del mercado. Entre estos deberes se destaca la obligación de informarse adecuadamente sobre las características, condiciones y términos de los productos o servicios que adquieren. Los consumidores deben leer detenidamente las etiquetas, contratos y políticas antes de realizar una compra, especialmente en transacciones digitales, donde la información suele estar más accesible. Asimismo, se espera que ejerzan sus derechos de manera responsable, como el uso adecuado del derecho de retracto, evitando abusos que puedan perjudicar a los proveedores. La reforma, en este sentido, no solo protege al consumidor, sino que también lo convierte en un actor más consciente y proactivo, contribuyendo a un mercado más justo y equilibrado para todas las partes involucradas.

¿Qué falta para que sea ley?

A pesar de haber sido aprobado en el Congreso y publicado en la Gaceta del Congreso, el proyecto aún debe cumplir con dos pasos clave para convertirse en ley:

1. Promulgación ejecutiva: El Presidente de la República debe firmar y promulgar la reforma.

2. Publicación oficial: Una vez promulgada, la reforma debe ser publicada en el Diario Oficial para que entre en vigor.

Además, algunas disposiciones, como las relacionadas con las obligaciones de los proveedores en el comercio electrónico, entrarán en vigencia cuatro meses después de su publicación oficial. Esto da un margen de tiempo para que las empresas se adapten a los nuevos requerimientos.

La reforma al Estatuto del Consumidor es un paso para adaptar la legislación colombiana a los desafíos del comercio moderno. En un contexto donde la digitalización y el comercio electrónico continúan creciendo, esta iniciativa no solo protege a los ciudadanos, sino que también promueve un mercado más justo y competitivo. Sin embargo, su implementación requerirá un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para asegurar que las nuevas disposiciones se apliquen de manera efectiva y beneficien a todos los actores involucrados.

En última instancia, esta reforma representa una oportunidad para que Colombia consolide un marco legal robusto y actualizado, capaz de responder a las necesidades de los consumidores en el siglo XXI. Al garantizar mayor transparencia, equidad y protección, se sientan las bases para un mercado más inclusivo y sostenible, donde los derechos de los consumidores sean respetados y promovidos en todas las transacciones comerciales.

Para los marketeros y publicistas, este cambio implica un llamado a la creatividad, la responsabilidad, y la transparencia, que les permita asegurar que sus estrategias y campañas no solo cumplan con la ley, sino que también contribuyan a construir una relación de confianza con los consumidores.

Para los consumidores crea responsabilidades claras y hace un llamado a la información, autorregulación, consumo responsable y, en últimas, a la conscicencia de que consumir no solo trae derechos, sino deberes.

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