El 15 de marzo se celebró el Día del Consumidor, que conmemora la proclamación de los derechos del consumidor por John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos en 1962 [1], y hasta el momento, en Colombia, hemos escuchado muy poco de los candidatos presidenciales al respecto.
En los últimos años, dos políticos jóvenes han usado los derechos del consumidor como parte de sus banderas políticas, con la curiosidad de que ambos son de partidos diferentes, pero tienen un punto en común: una mujer. Me refiero a Simón Gaviria y a David Barguil, el primero, el hermano, y el segundo, el esposo de María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria.
Más allá de la curiosidad de páginas sociales, se hace evidente que las nuevas generaciones de políticos comenzaron a preocuparse por el tema, bien sea por convicción o por réditos políticos, y dejaron como herencia el Estatuto General del Consumidor y el Estatuto del Consumidor Financiero. Esto parece hoy un saludo a la bandera, porque la secuencia lógica del desarrollo de los derechos y deberes del consumidor no ha tocado las campañas presidenciales y, cuando mucho, ha sido mencionada superficialmente, pese a que el mundo entero ya comprendió que la ejecución de los deberes y derechos ciudadanos está más en el consumo que en el sufragio y que es prudente hacer públicas unas preguntas a los candidatos presidenciales sobre la materia.
La primera serie de preguntas inevitablemente iría sobre las garantías de los productos, dado que por lo menos, en el mundo del mercadeo tenemos dos grandes problemas: la informalidad y la inexactitud.
Cuando se adquiere un producto, lo que el comprador espera y la ley protege es que el producto que reciba es el mismo que compró, pero continuamente esto no ocurre por diversas razones; unas muy técnicas y válidas, como las de los jabones y otros productos, que cambian de tamaño y de peso en las góndolas por el clima, y donde debemos refinar el sistema de métricas y tolerancias de estos productos; pero es más complicado el tema de las “inexactitudes” de algunas marcas que se presentan al consumidor como en el caso de productos lácteos, ya que -como ocurrió en Bolivia y Perú- vale la pena revisar si alguna marca en el país está vendiendo un producto que la gente cree que es leche pero no lo es.
En el mismo sentido, el tema de la informalidad es uno de los casi vetados en los debates presidenciales, ya que decir que se va a luchar por la formalidad es perder muchos votos; pero mantener la formalidad genera muchas pérdidas a los empresarios correctos y crea un espacio enorme para la corrupción, el contrabando y el lavado de activos.
La segunda serie de preguntas, sin duda, sería en torno a quién debe ser el defensor del consumidor, porque en este momento múltiples instituciones lo hacen, lo que causa una enorme confusión y trámites burocráticos. Ya Pablo Felipe Robledo del Castillo, actual superintendente de Industria y Comercio, ha abierto este debate, pero ha pasado silenciosamente en los pasillos políticos.
Habría mucho más por preguntar, como la censura post a las campañas sin una sanción clara; el bajo seguimiento y regulación sobre la jurisprudencia generada en procesos, como en los casos de usos de encuestas en publicidad, y muchos otros temas que quedaron en el escándalo y continuamos cometiendo los mismos errores. Creo que los candidatos han dejado pasar una enorme oportunidad de educar a los consumidores, al explicar qué está bien o mal en el tema de los deberes y derechos el consumidor, y se han dedicado a usar el derecho a trinar y poco su deber de informar.
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[1] John F. Kennedy (1962). Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest. March 15, 1962. Online, Gerhard Peters & John T. Woolley, The American Presidency Project. Disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108. Versión en español: http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_13065_1.pdf
