Este miércoles 28 de octubre se dio a conocer una nueva sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a uno de los principales anunciantes del país: Claro. La medida multa a la compañía de servicios de telefonía e internet por 1.120 Salarios Mínimos Legales Vigentes, por vulnerar el derecho de libre elección de sus usuarios para terminar su contrato y dar información inexacta.
La entidad tomó esta decisión luego de abrir investigación por 33 quejas de usuarios, en la que corroboró, junto con la información reportada por la compañía, que Claro no dio cumplimiento a las solicitudes de terminación de contratos en el término establecido por la ley; además demostró que remitió información inexacta a sus usuarios sobre esta acción y sobre el cambio de modalidad de pospago a prepago.
“Se comprobó que Claro no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. Adicionalmente, esta compañía omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica, exigiendo a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos, se exigieron requisitos adicionales e incluso se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud”, aseguraron desde el ente de control.
En el documento expedido por la Superintendencia también se menciona que Claro S.A.S presentó información inexacta sobre las reclamaciones exigidas por esa autoridad, pues afirmó “que durante el primer semestre del año 2018 recibió un total de 4.611 quejas relacionadas con la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago en los servicios móviles; mientras que a MINTIC le reportó 28.060 casos durante el mismo periodo”.
La sanción, asegura la SIC, está abierta a los recursos de reposición y apelación.
Réplica
A través de un comunicado, la compañía explicó que aún no ha sido notificada formalmente de la sanción emitida por este órgano, y las razones y argumentos que tuvieron para tomar esta decisión. Así mismo, aseguró que “en cuanto conozcamos la Resolución, analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”.
